Las 20 denuncias penales en su mayoría corresponden a hechos de soborno al elector y coerción, aunque también por hurto, violación de la cuarentena, portación de armas, lesión y uso indebido de documentos. Los reportes provinieron de Fernando de la Mora, Lambaré, San Juan Nepomuceno, Minga Guazu, Caazapá, Eusebio Ayala, Filadelfia, PJC, Caacupé, Katuete, Villa del Rosario, La Paloma.

En cuanto a los incidentes, la Fiscalía tuvo que intervenir en 20 casos, principalmente en discusiones entre miembros de los distintos partidos y movimientos. Los operativos se realizaron en numerosas ciudades.

Respecto a las detenciones, se dieron dos en Caazapá, una en Lambaré, una Fernando de la Mora y una en Pedro Juan Caballero.

Los 37 fiscales designados por Sandra Quiñónez trabajaron bajo la coordinación del fiscal adjunto Roberto Zacarías

En el marco de la jornada electoral la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez designó 37 fiscales electorales así como los fiscales penales de turno de nivel país, quienes desempeñaron sus funciones bajo la coordinación del Fiscal Adjunto Roberto Zacarías.

Es lo que señala el subjefe de esa dirección policial, Carlos Román,quien indico que el primer “paquete” de solicitudes, está conformado por denuncias de maltrato familiar y accidentes (de tránsito, laborales y caseros). El de los viernes para adelante, en tanto, se focaliza de manera significativa en un delito, tan irritante como poco castigado: ruidos molestos.

“Es llamativa esa situación que se da en la semana. El de los maltratos familiares lastimosamente es preocupante por la cantidad de casos. En lo referente a los ruidos molestos es también una tendencia que genera muchos disgustos en la población”, señalo Román en comunicación con la 1020 AM.

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El oficial remarcó que la Policía solo tiene potestad para accionar de manera puntual, para obligar el cese de los altos decibeles que exhiben los infractores callejeros con sus equipos musicales. Lo de procesarlos escapa de sus manos, ya que ellos es competencia exclusiva del Ministerio Público.

En efecto, en los registros oficiales los números de sancionados por infringir la ley que propone la emisión de ruidos molestos, son prácticamente irrelevantes. Discotecas, puestos de comidas callejeras, automovilistas en la vía publica o residentes de viviendas con músicas a todo volumen, constituyen el “ejército” de ruidosos que convierten en infierno las horas de descanso de los que no participan de sus “fiestas”.

Por otro lado el oficial Román subrayo el tema de las cámaras del sistema 911 en las calles, que precisan crecer en cantidad y ajustes en cuando a disposición modernos.

Con 1.400 cámaras en todo el país, 246 en Central, el sistema 911 es uno de los que contribuyen al conjunto de dispositivos que construyen al “gran hermano”, el ente que todo lo ve y registra para que la Policía tome las medidas contra infractores de la ley.

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Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.

En los últimos meses, se elevó a 33.000 la cifra de trabajadores que han ingresado al sistema del IPS, mediante la fiscalización gestionada con responsabilidad y de manera honesta, de acuerdo con los datos expuestos por la Secretaria de Estado.

En ese sentido, la autoridad remarcó que una de las herencias de la administración anterior, es la proliferación de fiscalizaciones abortadas por coimas recibidas por funcionarios venales. “Lastimosamente existen denuncias de fiscalizadores que no cumplieron con la obligación de hacer cumplir las leyes laborales, que recibieron coimas para el efecto” , respondió la ministra Recalde, en comunicación con la 1020 AM.

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Apuntó que la prioridad de su administración, es elevar el nivel de control para que las patronales cumplan las leyes.

Cabe indicar que la fiscalización se formula con el el plan nacional de regularización del trabajo, que se centraliza en las infracciones vinculadas a la seguridad social (inspección seguridad social).

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) anunció que continuará con las fiscalizaciones de empresas, tras denuncias concretas y no de manera aleatoria como se venía realizando, a fin de evitar hechos de corrupción. La medida, que había sido tomada en los primeros días de la nueva administración de esta cartera de Estado, seguirá vigente.